Héctor Aguilar Camín
La batalla por la democracia que libra México es en muchos sentidos, todavía, una batalla legal.
Los cambios planteados por el actual gobierno están sujetos en sus logros a la prueba de los hechos, pero están sujetos también a revisión constitucional.
Por su mayor parte, esos cambios están fundados en lo que habría que llamar “legalidades de facto” de un gobierno de mayoría, cuyas leyes y decretos rozan o cruzan los linderos de la inconstitucionalidad.
La Corte presidida por Arturo Zaldívar pospuso su juicio sobre muchas de estas pobres legalidades impuestas por el gobierno, al punto de no haberse pronunciado sobre la mayoría de ellas.
Casi todo lo relativo a la militarización del gobierno civil, por ejemplo, es un universo evitado hasta ahora por la Corte, siendo, como es, esencial en el diseño del país que México debe ser.
Otro universo fundamental que espera el juicio de la Corte es el que conocemos como “Plan B” de legislación electoral, consistente en una batería de leyes grosera, explícitamente, inconstitucionales, dirigidas a lisiar el presupuesto y la operación del Instituto Nacional Electoral.
La recuperación que ha hecho la Suprema Corte de su autonomía permite esperar un arbitraje cabal, ni en favor ni en contra: simplemente constitucional, sobre estas y otras cuestiones cruciales que, en manos de un gobierno sin controles, representan hoy el riesgo de una pura y dura regresión democrática.
Esto mejora las perspectivas democráticas de México en 2023: la presencia de una Corte capaz de definir los contornos constitucionales del país, luego de un barullo gubernativo antiinstitucional.
Otros dos indicios de cambio mejoran también la silueta posible del país en el año que arranca.
Ambos deben ser vistos en el contexto de la aceleración de las rondas del T-MEC y de la conversación política entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.
Me refiero a la captura de Ovidio Guzmán, como posible indicio de un viraje en la hasta ahora terrible política de seguridad.
Me refiero también al hecho de que México empiece a ser llamado a cuentas por sus compromisos internacionales como miembro del T-MEC, hecho del que la cumbre de estos días con Biden y Trudeau es una expresión mayúscula.
Mañana más sobre esto.
Milenio
